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El TSJM admite a trámite un recurso del PSOE contra el “gravísimo pelotazo” de El Corte Inglés en Méndez Álvaro

Fachada de El Corte Inglés de Méndez Álvaro, en Madrid, durante su último día abierto al público este jueves 29 de febrero.

Somos Madrid

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la Modificación del Plan General de Méndez Álvaro, con el que el Ayuntamiento de Madrid concedía importantes ventajas urbanísticas a El Corte Inglés en la parcela donde se levanta aún el Hipercor de Méndez Álvaro.

El consistorio aprobó en octubre esta recalificación con los votos a favor de PP y Vox, con el rechazo de PSOE y Más Madrid. Gracias a ella, los terrenos de El Corte Inglés en Méndez Álvaro valen 29 millones de euros más. A los que se sumarán otros 47,5 millones previstos con la venta de las torres que ahora se permite construir sobre su parcela. La propia Comunidad de Madrid mostró sus reservas ante el planteamiento y el pasado octubre, ocho meses después de su aprobación inicial en el pleno municipal, el mismo proyecto urbanístico retornó a Cibeles después de que el Ejecutivo regional lo rechazase por presentar “carencias y deficiencias” que hacían inviable su ejecución.

El PSOE considera que esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) “es un caso clarísimo y gravísimo de pelotazo urbanístico hecho ad hoc a los intereses de un privado y contra los intereses de la ciudadanía”. El motivo de la modificación del Plan General de Méndez Álvaro no es -indican los socialistas- una “actuación de dotación” para el barrio, “sino que se realiza porque una empresa tiene una condena por la cual tiene que demoler una ampliación declarada ilegal”.

Recuerdan que El Corte Inglés había sido condenada por sentencia del Tribunal Supremo en julio de 2015 a demoler una ampliación que hizo ilegalmente y que el Ayuntamiento de Madrid acometió después este planeamiento, en el que la empresa ganaba más metros cuadrados edificables a cambio de dotaciones para el consistorio en varios subterráneos.

Los socialistas indican que la ley obliga a que, ante cualquier incremento de edificabilidad, es decir, de lucro para un privado, éste tiene que ceder parte de esos metros al Ayuntamiento para servicios públicos. “Consideramos que es una estafa consentida”, añaden en nota de prensa al señalar que al no haber sitio suficiente en la operación para ceder los metros cuadrados que corresponden a la ciudadanía para equipamientos públicos y zonas verdes, “ceden un equipamiento en el sótano de la zona verde que será una losa sobre dicho equipamiento”.

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