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La OCU lanza la campaña “Abajo la Subida del IBI”

Somos Chueca

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En los últimos años los ciudadanos están siendo víctimas de un afán recaudatorio desmesurado. Mientras los sueldos se congelan o incluso reducen, los impuestos se disparan. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanza la campaña “Abajo la Subida del IBI”, uno de los tributos que más ha incrementado su coste.

De entre todas las subidas de impuestos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los que ha experimentado la mayor subida, con incrementos que en algunos casos superan el 100%, precisamente en el momento en que el valor de los inmuebles ha caído cerca de un 30% y la capacidad económica de los hogares ha mermado a pasos agigantados.

Las subidas afectan a todos los inmuebles, pero de modo especial a un bien esencial y reconocido en la Constitución Española como la vivienda. Subidas que afectan especialmente a pensionistas, parados y titulares de vivienda protegida, pero no son los únicos daminificados. Los pequeños negocios que luchan por sobrevivir a la crisis también se ven afectados por esta desproporcionada tasa, que no se adapta a la capacidad económica del contribuyente y está totalmente desvinculado de la evolución del valor actual de los bienes que pretende gravar.

Para la OCU se trata de un brutal incremento, causado por la actualización de los valores catastrales, por la subida de los tipos del impuesto, por la eliminación de bonificaciones y aumento de recargos, y por la decisión del Gobierno central de aplicar un incremento extraordinario.

Por eso han puesto esta campaña de recogida de firmas a nivel nacional para obtener medidas que corrijan esta situación. Su idea es dirigirse a los alcaldes de los municipios más afectados, contando con los datos que muchas asociaciones locales ya les han transmitido tras un activo trabajo a nivel local.

Con el apoyo de los ciudadanos también se dirigirán al Gobierno central, para pedirles medidas concretas, como que no prorrogue la subida extraordinaria del IBI que aprobó en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

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