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Las menguantes ayudas del Plan de Ayudas a la Instalación de Ascensores de la CAM

Somos Chueca

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Tal y como sospechaban las comunidades de vecinos que hace años solicitaron ayudas para la instalación de ascensores en sus edificios,  finalmente la Comunidad de Madrid no les abonará lo prometido. Con “estivalidad” y alevosía han comenzado a enviar a las comunidades de propietarios las cartas en las que les anuncian la concesión de dicha subvención, pero por un importe que nada tiene que ver con lo esperado.

La Asociación de Vecinos de Chueca (AVChueca) denuncia que «el importe no coincide con el que en su día aprobó el gobierno regional y gracias al cual muchas comunidades votaron a favor de la instalación, sino que se ha reducido de 50.000 euros prometidos a tan solo 15.000 euros». Unos 35.000 euros menos que ponen a más de una comunidad de propietarios en una delicada situación, al tener que pagar el préstamo que se vieron obligados a solicitar para instalar su ascensor y para el que ahora no habrá fondos.

¿El motivo? Que la Comunidad de Madrid está aplicando, con carácter retroactivo, el artículo 20.2 de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.

Todo ello «a pesar de que las solicitudes a las que ahora se da respuesta se registraron entre 2009 y 2011 y de que el plazo para contestarlas era de seis meses»,  explica AVChueca. «La resolución de todas ellas tiene fecha posterior a la citada ley, de forma que la Comunidad ha podido aplicar la disminución de la cuantía de una forma torticera», denuncian.

Con “estivalidad” y alevosía

La asociación de vecinos va más allá y apunta que la administración regional aprovecha los meses de julio y agosto, en los que la mayoría de los vecinos están disfrutando de unas merecidas vacaciones fuera de Madrid, para publicar este tipo de resoluciones. «A las comunidades les resulta muy difícil reaccionar porque muchos de los propietarios se encuentran fuera de su domicilio habitual. Lo que se intenta es que las comunidades no tengan tiempo de presentar un recurso. Es todo un ejemplo de malas prácticas de gobierno por parte del poder autonómico madrileño», lamentan.

«La forma de comunicar la respuesta a la solicitud en pleno verano, intentado que los ciudadanos no tengan tiempo de ejercer su derecho al recurso, nos parece deleznable viniendo de nuestros gobernantes», denuncia la asociación. Porque el plazo para el recurso de reposición es de un mes desde la notificación de la resolución, no supone ningún coste y no necesita del acuerdo de la junta de propietarios, pero resulta complicado que pueda presentarse si todos los vecinos están de vacaciones. Para el recurso contencioso-administrativo hay dos meses de plazo y, en este caso, «sí que es necesaria su aprobación en junta de propietarios, cuyo acta debe incluirse en el recurso», explican.

Por ello, AVChueca recomienda a los afectados que recurran esta resolución, «aunque solo sea por dignidad ciudadana» y les anima a pedir asesoramiento legal. Además, recuerda que el departamento jurídico de Larcovi, a iniciativa de la asociación de vecinos Ciudad de los Ángeles ASVEYCO, ha iniciado un recurso al cual cualquier comunidad afectada puede adherirse. Quienes lo deseen pueden contactar con ellos a través del correo electrónico ciudadangeles@larcovi.es.

Además, sugieren a las comunidades que envíen una carta de protesta a las empresas instaladoras de ascensores, que según su criterio «han sido las verdaderas beneficiadas de esta estafa con sello oficial. Ellas tendrían que ejercer presión ante el gobierno regional para que pague las cantidades comprometidas en su día».

Por su parte, Sonia García, una vecina del barrio cuyo inmueble es uno de los damnificados, ha iniciado en Change.org una petición en la que pretende recoger firmas para que los responsables del gobierno regional abonen la totalidad de las subvenciones por instalación de ascensores reconocidas hace años. Dirigida a Ignacio González, Presidente de la Comunidad Madrid; D. Pablo Cavero, Consejero de Transportes; D. Borja Sarasola, Consejero Medio Ambiente; les reclama que sean «un ejemplo de buenas prácticas de gobierno» y den a las comunidades de vecinos afectadas el dinero comprometido.

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