La Marea Naranja denuncia la dramática situación de los servicios sociales

La Marea Naranja Estatal ha convocado este mediodía una rueda de prensa en la que han denunciado la dramática situación que atraviesan los servicios sociales y ha exigido su inclusión en la agenda social y política. Piden a los responsables gubernamentales un desarrollo normativo estatal y un cambio Constitucional que blinde la red pública de servicios sociales, un derecho subjetivo fundamental de todos los ciudadanos.

Dentro de la Semana Mundial de la Justicia Social 2015, la Marea Naranja de Madrid ha convocado para mañana sábado, a las 12:00 horas, una concentración frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que, bajo el lema “Sin Servicios Sociales, no hay JUSTICIA SOCIAL”, reivindicará unos servicios sociales públicos y de calidad.

Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), ha explicado cómo la falta de una ley marco de servicios sociales a nivel estatal propicia que las Comunidades Autónomas ofrezcan una gran diversidad en la atención y protección a las familias. Así, «existen leyes autonómicas, llamadas de tercera generación que, aunque reconocen los derechos sociales subjetivos, no han desarrollado su marco legal, con lo cual esos derechos no se han hecho efectivos», ha denunciado.

Lima ha explicado que, además, se han aplicado importantes recortes sociales en los Presupuestos Generales (un 23% desde 2011) y que, sin embargo, la demanda se ha incrementado un 74%. En concreto, el Plan Concertado de prestaciones básicas, se ha reducido en un 70% y «a ello hay que sumar la reforma de la Administración Local, que supone una amenaza tremenda».

En cuanto a los demandantes de esos servicios sociales, Lima ha detallado que la mayoría de son mujeres, con cargas familiares y con ingresos de 300 a 500 euros al mes. «Muchas familias que pasan hambre, se debaten entre pagar la hipoteca o a comer», ha denunciado. Al no darse respuestas, «el 27% de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social y España es el segundo país con más pobreza infantil».

César Vital, de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, se ha centrado en la precaria situación del sistema de atención a la dependencia. «Hay Comunidades Autónomas que están trabajando para integrar servicios sociales y dependencia. En este sentido, donde mejor se está aplicando es Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía», ha asegurado, pero todavía cerca de 2,6 millones de personas no pueden realizar las actividades de la vida diaria.

Además, ha apuntado que de los 775.000 dependientes que acogía el sistema el año pasado este año hay 30.000 menos sin que haya habido ninguna explicación oficial de esta variación, a pesar de que sería lógico un incremento relacionado con el crecimiento vegetativo. «Nosotros lo explicamos porque hay muchas personas que mueren antes de entrar en el sistema. Calculamos que son una de cada cinco personas», ha lamentado. Otro factor importante para Vital es que este menor número de dependientes se debe a que los moderados no han entrado en el sistema cuando así estaba contemplado por el Real Decreto que se aprobó en 2012 y que los usuarios «ya pagan más que el Estado. De cada cien euros que financian el sistema, 63 los ponen las Comunidades Autónomas, 18 el Estado y 19 la persona», ha concluido.

La Secretaria de Política Social e Igualdad de CC.OO. de Madrid, Ana González, ha incidido en que las políticas de austeridad y recortes sólo generan «más pobreza y desigualdad» y que se está asistiendo a un nuevo fenómeno como es el de los trabajadores «pobres», que suponen ya el 12% del total. La responsable sindical ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que pongan en valor e incluyan en su agenda los servicios sociales, de forma que sirvan como «elemento fundamental de cohesión y transformación social».

Para González es necesario alejar los servicios sociales del mercantilismo, ya que «el 75% de su gestión está, con diversas fórmulas, en manos privadas» y ha reivindicado el empleo en el sector y su calidad porque «no hay calidad en los servicios sociales si no hay calidad en el empleo». En este punto, ha denunciado la destrucción de 57.000 puestos de trabajo en los servicios sociales, el 12% del total, que suponen el 85% del empleo destruido.

La vicepresidenta del Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales, María Jesús Calvo de Mora, ha hecho una llamada a la sociedad a participar en la Marea Naranja. «La participación social, ciudadana y la cohesión social es una apuesta para garantizar los derechos de la ciudadanía y poner en valor la responsabilidad que están haciendo las familias» y su «extraordinario esfuerzo», ha explicado. Asimismo ha reclamado la profesionalización del personal de los servicios sociales y ha reclamado la garantía de los servicios públicos.

Finalmente, la decana del Colegio Profesional de Trabajo Social de Madrid, Mar Ureña, ha denunciado que las políticas autonómicas están dando pasos atrás y que «una de cada cinco personas está en situación de pobreza o exclusión y en Madrid», 240.000 de ellos niños, que debido a los recortes se han quedado muchos sin becas ni ayudas al comedor.

También ha denunciado el descenso y las demoras en la concesión de rentas mínimas, que en la región de Madrid «tarda de 12 a 15 meses en llegar». Ureña ha mostrado su preocupación por cómo la reforma de la Administración Local afectará a los servicios sociales municipales, que son «los más cercanos a la ciudadanía», y ha reclamado «un empuje fuerte en personal a los servicios sociales y creerse que no son un gasto social sino una inversión».

Tras animar a los madrileños a acudir a la manifestación de mañana convocada por la Marea Naranja, ha explicado que «es importante que nos hagamos presentes» porque «cuando se salga de la crisis, todo el coste social, cultural y a las familias que está suponiendo este austericidio va a pasar factura durante muchos años».