El Govern balear del PP modifica su plan para combatir el turismo de excesos tras la oposición de los empresarios

Los planes del Govern balear del PP de reformar el Decreto de Turismo de Excesos -aprobado por el anterior Ejecutivo socialista-, que pasará a llamarse Decreto de Turismo Responsable, se están retrasando respecto al planteamiento inicial de tenerlo a punto para esta temporada. Gran parte de los empresarios del sector en Balears, en concreto los hosteleros, las discotecas, los bares y los restaurantes, se han opuesto a la modificación expresada en el borrador del nuevo Decreto, que ya tenía fecha de aprobación. Incluso, los empresarios, agrupados en la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares), han llegado a emitir un comunicado asegurando que en ningún momento habían sido consultados. 

“Es incomprensible que, mientras se promociona el turismo responsable, se flexibilice una ley que atenta contra la convivencia y el orden público en nuestra comunidad y que da rienda suelta al botellón”, aducían en un comunicado conjunto en referencia a la intención de la Conselleria de Turismo de ampliar el horario de cierre de los establecimientos expendedores de bebidas. “Esta falta de acción por parte del Gobierno del PP no solo perjudica a los empresarios, sino que tiene un impacto negativo en la labor de la Policía Local y los inspectores de comercio, quienes se ven desbordados por la falta de recursos y la magnitud del problema”, aseguraban los empresarios de la CAEB a la vista del borrador. 

Tras el revuelo, José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB por Eivissa y Formentera, se expresa en el mismo sentido que sus compañeros de Mallorca, después de que, tras el desencuentro, el conseller de Turismo Jaume Bauzá se haya reunido con representantes de la entidad empresarial. “La CAEB no ha tomado una posición concreta sobre la reforma del Decreto, pero sí comparte la alerta manifestada en el comunicado conjunto que emitieron el pasado 26 de abril”, explica a elDiario.es. “Precisamente, esa alerta aconsejó al Govern proceder a un nuevo estudio, de tal manera que no se sabe cual será la resultante de este proceso”, aduce. “En cualquier caso, la posición de nuestras asociaciones obviamente será determinante”, argumenta después de que desde CAEB Mallorca aseguran que en un primer momento no se contó con su opinión sobre el borrador a aprobar.

Por su parte, la Conselleria de Turismo del Govern balear explica a elDiario.es que sigue trabajando en la modificación del Decreto y que no es cierto que se tuviera una fecha para su aprobación el pasado 26 de abril, como han asegurado las entidades empresariales, y como publicaba el Diario de Mallorca un día después. No obstante, en la citada reunión, que tuvo lugar el pasado 29 de abril con el sector empresarial de la Playa de Palma (una de las zonas delimitadas para la aplicación del Decreto de Excesos de 2020) para rebajar la tensión, Bauzá transmitía la intención del Govern de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. La medida anunciada, que se llevaría a cabo en colaboración con la Conselleria de Sanidad, supone un cortafuegos a la intención de su departamento de ampliar sus horarios respecto a la normativa vigente.

“No se ha dado marcha atrás a nada. El Decreto está en fase de desarrollo y seguimos trabajando en las modificaciones que se nos han planteado desde los ayuntamientos afectados por el Decreto”, explican fuentes de Turismo. “Desde la Conselleria de Turismo en ningún momento hemos dado una fecha prevista de presentación del decreto”, sentencian a este periódico.

Asimismo, el propio conseller ha expresado en el Parlament su intención de poner fecha de caducidad a la vigencia del Decreto, aspecto nada novedoso, ya que se contemplaba en 2020 cuando se aprobaba con una vigencia de 5 años. Este plazo, si la reforma no prospera, se cumpliría en enero de 2025. Si se hace antes, todas las medidas, incluidas las limitaciones de venta de alcohol en los comercios u otras contenidas en la norma, como la regulación de los party boats, tendrán fecha de caducidad, sin que se hayan explicado hasta la fecha los criterios a aplicar ni cuándo. Por otro lado, el Govern daba marcha atrás también a la rebaja de multas planteada en la citada reforma, que incluía las previstas para el balconing, según ha publicado Última Hora.

¿Cambios en la zonificación?

Otro de los puntos más controvertidos del nuevo Decreto de Turismo Responsable es la delimitación de las zonas de aplicación que estipulaba la anterior normativa a reformar. En concreto, la regulación del “turismo de excesos” de 2020 determinaba su aplicación en ciertas calles de los municipios de Calvià, Palma, Llucmajor, en Mallorca, y de Sant Antoni de Portmany, en Eivissa, que incluyen las áreas con más conflictividad en las dos islas, como Magaluf en Calvià o el West End ibicenco. En este tema, el Govern ha decidido que incluirá en el nuevo Decreto la cesión a los ayuntamientos de la competencia para establecer la zonificación, según anunciaba la semana pasada en el Parlament. Por lo tanto, serán los que decidan en qué calles estarán en vigor estas prohibiciones.

Los Ayuntamientos serán los que decidirán las zonas más conflictivas, donde estarán en vigor las prohibiciones que contemplará el nuevo Decreto de Turismo responsable

Los Ayuntamientos de algunas de estas localidades ya mostraron su oposición a la creación de estas zonas. Es el caso de Sant Antoni de Portmany, donde su equipo de gobierno del Partido Popular se sigue oponiendo a que se “estigmatice” el turismo que acude al West End; tildado como “turismo de borrachera” muy acertadamente, solo hay que darse una vuelta por estas calles para comprobarlo. Con un perfil muy similar al de Magaluf -que ha conseguido mejorar bastante en los últimos años-, aunque con un territorio mucho más reducido, su alcalde, Marcos Serra, se reitera en la idea de que “Sant Antoni no es Magaluf”. “Excesos hay por muchos sitios de Eivissa”, según publicaba en 2023 Periódico de Ibiza. En el mismo sentido se han pronunciado las fuentes de la Conselleria de Turismo: “La denominación actual relativa a los excesos no es adecuada ni favorece la imagen turística de las Illes Balears”. 

Al Govern del PP no le gusta la denominación de 'turismo de excesos' porque 'no es adecuada ni favorece la imagen turística de las Islas Balears

En concreto, desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, en Eivissa, resaltan a este diario que “desde un principio se ha considerado que es un decreto que estigmatiza a Sant Antoni, con un término muy dañino para la imagen del municipio que, además, se aprobó sin consultar a los municipios implicados”, por lo que han pedido al Govern el cambio de la denominación del Decreto. “También se ha defendido que si se tratan de medidas positivas para combatir el incivismo y fomentar la convivencia entre turistas y residentes, se debería aplicar a todas las Illes Balears”, concretan. Asimismo, Sant Antoni ha trasladado a la Conselleria de Turismo su interés en “incrementar las sanciones a los infractores en el incumplimiento de las ordenanzas en cuanto al consumo de alcohol y/o estupefacientes, y no únicamente a los establecimientos”.

No obstante, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany asegura a este diario que “siempre ha estado de acuerdo en algunas medidas marcadas en el decreto de excesos, como la limitación horaria de las bodegas o la prohibición de las ofertas de alcohol y de los ‘pub crawling”. “Por este motivo, desde el Ayuntamiento se cuadriplicó la zonificación inicialmente marcada por la Conselleria de Turisme del Govern balear cuando se puso en marcha este decreto, con la voluntad de seguir trabajando y luchando por el control y disminución de incidentes”, aseguran fuentes municipales.

Sin embargo, en la misma noticia del periódico ibicenco citado, la teniente de alcalde de la Villa de Portmany, Neus Mateu, aseguraba que el Decreto no estaba funcionando en la localidad. “El Consistorio ha trabajado este verano de forma mucho más eficiente aplicando sus propias ordenanzas municipales y la Ley 4/2015 a través de la Policía Local. Con esas normativas se han hecho denuncias y detenciones como nunca, no con el decreto”, especificaba. 

Los empresarios de la restauración en Eivissa, que se organizan a través de la PIMEEF Restauración (pequeña y mediana empresa de Eivissa y Fomentera), expresan su intención también de que la nueva normativa modifique esta zonificación y elabore un reglamento para toda la isla. “Lo que no puede ser es que una calle sí esté dentro de la zona donde se aplica el Decreto y otras no. No estamos de acuerdo con las zonificaciones que se han hecho”, constata a elDiario.es. “Si se tiene que hacer una normativa que se haga para todos”, concreta. 

No obstante, y a pesar de la oposición a la delimitación de estas zonas por parte de consistorios y empresarios, Jaume Bauzà anunciaba en sede parlamentaria que parte de la recaudación de la ecotasa -la tasa que pagan los turistas que se alojan en las Islas- se destinará a mejoras de infraestructuras y servicios en estas áreas. 

Balconing, prueba superada

Sin embargo, en lo que se refiere al llamado balconing, los datos aportados en 2023 por el cónsul general de Reino Unido, Lloyd Millen, destacaban que, en comparación con el año 2018, el número de accidentes registrados en el 2022 descendía un 87,5% en el caso de Sant Antoni y hasta un 90% en relación a Magaluf. Millen animaba a los hoteleros a participar en este proyecto llevado a cabo por el consulado y el Govern balear bajo el nombre de 'Stick with your Mates', que ofrecía consejos a los jóvenes turistas sobre como cuidarse unos a otros y evitar accidentes.

En 2022, el principal objetivo de la campaña era difundir entre los turistas británicos los principales puntos del Decreto de Excesos. Los turistas iban a ser informados, antes de salir de su país y a la llegada a Balears, sobre cuestiones como que la ‘hora feliz’ o los 3x1 están prohibidos por la norma. También les prevenían sobre prácticas peligrosas como el balconing y se les explicaba que las sanciones por vulnerar la Ley de Excesos podían ir desde los 1.000 hasta los 600.000 euros.

A pesar de las discrepancias, fuentes del Govern balear explican a elDiario.es que el Decreto sí ha funcionado. “Ya dijo la semana pasada en el Parlament el conseller, que el Decreto ha demostrado eficacia para reducir la conflictividad, pero es necesario introducir modificaciones, sobre todo las demandadas por los ayuntamientos afectados”, especifican.

Después de la toma de posesión de los nuevos equipos de gobierno del PP en el Govern y los Ayuntamientos, fruto de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, los populares y, en concreto, la Conselleria de Turismo balear, expresó su intención de modificar la normativa de “turismo de excesos”. Pero no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando se reunía la subcomisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas, donde están representados todos los sectores implicados: administraciones, empresarios, consulado de Reino Unido e incluso la Oficina balear de la Dona. “Con las aportaciones de los presentes, que entregarán a la Conselleria por escrito, se elaborará un borrador de modificación de ley que será presentado en la próxima reunión de la Subcomisión”, publicaba la Conselleria de Turismo, aunque esta segunda reunión nunca se ha llegado a convocar. “Así, está previsto que para la próxima temporada esté lista una nueva normativa en torno al fomento del civismo en zonas turísticas”, concretaban en esta misma publicación.