Una pelea por unos terrenos acaba en acusaciones contra un alto cargo ante la Comisión de Ética

Una disputa por unos terrenos ha acabado no ya en la Ertzaintza o en los juzgados -que también- sino en la Comisión de Ética de Euskadi porque un denunciante sostiene que sus vecinos, con los que tiene el litigio, están usando la posición de un familiar, que es alto cargo del Gobierno vasco, para lograr sus pretensiones económicas. Este órgano ha resuelto ya el asunto y ha estimado que no le corresponde intervenir en ningún caso, principalmente porque no consta que ese miembro de la Administración vasca haya hecho nada valiéndose de su cargo. En la resolución no se identifica ni al denunciante ni al alto cargo.

La Comisión de Ética recibió una carta postal con el relato de los hechos. Indica el denunciante que cuando fueron adquiridas unas propiedades colindantes a las suyas “comenzaron conductas inapropiadas” tales como “amenazas y presiones a la familia” para que le cedieran unos terrenos adicionales. “Todas esas presiones han ido acompañadas de denuncias judiciales que no están enfocadas a la propiedad de los terrenos sino a hechos colaterales de discusiones [...] y son constantes las alusiones al poder que tiene [el alto cargo del Gobierno vasco]”, se puede leer sobre la denuncia, que alega que el código ético marca que los altos cargos no pueden valerse de su posición ni directa ni indirectamente para obtener un beneficio personal.

“Quiero manifestar que las acusaciones inconcretas que se vierten sobre mi persona son rotundamente falsas. Digo inconcretas porque, además, de falsas, no se concreta ningún hecho concreto. Las denuncias a las que se refiere el escrito se refieren a unos hechos que el juzgado ha calificado indiciariamente como constitutivos de [se omite el delito] que ha venido sufriendo [mi familia] por parte de la familia del propietario de la casa colindante. Esta denuncia ante el Comité Ético de Gobierno vasco óolo puede enmarcarse como una actuación más contra mi familia y mi persona, habida cuenta de que ninguna de las denuncias que se han presentado ante la Ertzaintza y los juzgados está encabezada por mí, lo que acredita la absoluta falta de fundamento de la presente denuncia, no sólo porque en la misma no se concretan en absoluto los actos, actuaciones y conductas que se me imputan, sino porque ninguna de las denuncias a las que se refiere el escrito ha sido interpuesta por mí”, responde el denunciado.

Dice la Comisión de Ética que ellos no tienen “poderes ilimitados” para valorar “cualquier aspecto de la vida” de los altos cargos. Insiste en que ya existen cauces judiciales específicos para este tipo de disputas y también para las posibles amenazas que se hayan podido producir. En todo caso, recalcan que no hay pruebas de que se haya empleado el cargo o posición para amedrentar a un tercero. De hecho, se asume que el solo hecho de tener enfrente a alguien con relaciones con el poder puede generar una sensación “subjetiva” de “temor” o “inquietud”, pero también subrayan que la condición del alto cargo es muy “notoria” y que no es preciso que salga a relucir.

“Esta [comisión] no aprecia en la conducta del [denunciado] indicio alguno de que pueda haber incurrido en contravención de los valores, principios y pautas recogidas en el [código ético]. Aunque prevalerse de un cargo público con el propósito de forzar la adopción de decisiones que permitan al interesado obtener un beneficio personal o familiar, entraña -o, cuando menos, puede entrañar, en función de las circunstancias que en cada caso concurran- una contravención de los principios de imparcialidad y objetividad, honestidad y desinterés, en el presente caso no podemos concluir que nos hallemos ante una conducta de este tipo, sino ante un ejercicio legítimo y correcto del derecho que le asiste como ciudadano; la falta de aportación de pruebas por parte de la persona denunciante impide a esta [comisión] pronunciarse a este respecto”, concluye el dictamen, datado el pasado mes de marzo y rubricado por la consejera Olatz Garamendi, que es la presidente de la Comisión de Ética.